EVOLUCION JURIDICA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO 1966 - 2016

 

LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA

Magistrado TAQ

 

INTRODUCCION

  1. Primeros autos del TAQ-1967
  2. Primeras sentencias del TAQ-1967
  3. Posición jurisprudencial actual del TAQ -2016

CONCLUSIONES

 

INTRODUCCION

Dentro del programa de conmemoración de los 50 años de vida del Tribunal Administrativo del Quindío se ha querido hacer una reseña histórico-jurisprudencial de las primeras providencias emitidas por el Tribunal en el año 1967, para compararlas, en su temática, con la manera con que en la actualidad – año 2016 – la Corporación se pronuncia sobre los mismos o similares aspectos.

El objetivo es hacer un estudio comparativo a fin de establecer la evolución que ha tenido la Corporación en 50 años de existencia. Por lo tanto habrá que preguntarse: ¿Se ventilan en la actualidad aspectos similares a los de hace cinco décadas? ¿El tratamiento jurídico dado hace diez lustros ha variado frente a lo que en la actualidad se decide respecto a temas similares?

Para tal efecto, el estudio se centrará en consultar una fuente directa de carácter histórico: vale decir, la colección de providencias, en copias, conservadas por el señor magistrado de ese entonces, Dr. MARINO RESTREPO MORILLO. Documento este que puede ser consultado en la Relatoría del Tribunal.

La recopilación, comprende autos y sentencias, con ponencia del mencionado jurista, de los años 1967 y 1968. Se aclara que del año 1966 no se tiene reporte alguno de decisión, dada la circunstancia especial de que si bien el Tribunal fue creado mediante Ley 2 del 7 de enero de 1966, el Tribunal se instaló y empezó a funcionar tan solo el 24 de octubre de 1966 a las 4  p.m. en el despacho destinado a la Procuraduría del Distrito Judicial del Quindío.

En esas condiciones se hará una referencia de los autos proferidos en ese entones, luego, a las sentencias, para posteriormente pasar a verificar la manera como el Tribunal se pronuncia sobre esos mismos o similares tópicos en este año que corre, vale decir, 2016.

Lo anterior permitirá concluir si en efecto se presenta una evolución, o no, y si es así en qué términos y condiciones se consolida.

Esto no sin antes recordar que el Tribunal nació con una Sala dual, compuesta por los magistrados: BENJAMIN LOPEZ DE LA PAVA, por el partido liberal y MARINO RESTREPO MURILLO, por el partido conservador. En la primera sesión se sorteó la filiación del Secretario, recayendo en un conservador y la del Oficial Mayor, en un liberal. Esa composición política se explica por el bipartidismo que rigió en nuestro país a partir del Frente Nacional (año 1957). Rezago institucional que perduró en la Rama Judicial, por lo menos hasta los años 90, década en la cual, a los Tribunales se empezó a acceder por concurso de méritos.

Hasta el año anterior (diciembre de 2015), funcionaba el Tribunal con tres magistrados permanentes. Para el año el 2016, después de una ardua lucha institucional, se logró ampliar la planta permanente quedando a la fecha con un Tribunal compuesto por cinco despachos de magistrados, que obliga a hacer cinco salas de decisión.

 

  1. PRIMEROS AUTOS DEL TAQ -1967

 

En el año 1967 se profirieron en el Tribunal nueve autos con ponencia del magistrado ya indicado, así:  

 

1.Auto del 3 de febrero de 1967

 

Demandante: MIGUEL ARISTIZABAL SALAZAR

Demandado: División impuestos nacionales

Tema: impuesto año gravable 1963

Decisión: Se inadmite demanda por no reunir requisitos

Fuente: art. 84 CCA.

 
 

2.Auto del 30 de marzo de 1967

Alzada propuesta por ALFREDO GRAJALES BUENO y SAMUEL GOMEZ G.

(Sociedad Casa Gomez y Cia Ltda)

Tema: Juicio ejecutivo por jurisdicción coactiva adelantado por la Administración

de Impuestos Nacionales por $4.001,38

El Ministerio Público solicitó confirmación del proveído protestado

Decisión: Debió librarse mandamiento de pago contra la sociedad y no contra los socios

Individuales. Revocó auto recurrido - en Sala dual.

Fuente: Código Civil art. 2079, 2085 (Sociedades), Ley 124 de 1937 art. 1, sociedades de

responsabilidad limitada

 

 

 

3. Auto del 12 de abril de 1967

Demandante: EMILIO GARCIA PELAEZ

Demandada: Empresas Públicas de Armenia

Tema: Reintegro por insubsistencia. Juicio ordinario contencioso de plena jurisdicción

Fue removido almacenista en razón a investigación por peculado en que se giró

Cheques sin fondos.

Se involucró en el caso al demandante (conductas antisociales).

Decisión: No es posible dictar fallo de fondo por prejudicialidad penal.

Fuente: art. 11 Ley 94 de 1938

Se cita auto del 27 de febrero de 1948 de la Sala de Negocios Generales de la Corte

Suprema de Justicia:

"la razón de esta disposición, es a todas luces clara Y SABIA, puesto que ella tiende a

que primero se establezca la verdad no solo procesal sino legal del acusado

del ilícito a fin de que en (sic) base a esa verdad se pueda producir la decisión

del negocio civil o administrativo".

 

Ultimo sueldo devengado: $1500, cuantía menor a $50.000 - juicio de única instancia

Se suspende pronunciamiento del fallo de fondo hasta que se allegue copia de la

providencia que  "recaiga" a la investigación.

 
 
 

4. Auto del 13 de junio de 1967

Demandante: JOSE ARCESIO POSADA MORALES

Demandada. Empresas Públicas Municipales de Armenia

Tema: reintegro como gerente (sueldo $4.000).

Decisión: Se abstiene de dar curso a la demanda para que se corrija (sala dual)

Fuente: Art. 84 del CCA. Se cita jurisprudencia del C.E. del 23 de enero de 1949:

Debe concretarse disposiciones violadas y concepto de la violación.

 

 

 

5. Auto de 21 de junio de 1967

Demandante: ARCESIO POSADA MORALES

Demandada: Empresas Públicas de Armenia

Tema: Poder para actuar

Decisión: Niega personería para actuar a nombre de la demandada

NO se demostró la representación legal de la entidad ni se presentó

personalmente el poder.

Fuente: arts. 223, 250, 256, 257 y 359 del Código Judicial.

Se cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: Casación del 4 de marzo de 1938

y sentencia del 31 de octubre de 1945.

 

 

 

 

6. Auto del 5 de julio de 1967

Demandante: MILCIADES RESTREPO CORREA

Demandado: Municipio de Quimbaya

Tema: admisión de demanda y suspensión provisional de decreto municipal que dispuso

el funcionamiento de una inspección de transportes y tránsito. Inspector: $1.000;

Secretario: $800; peritos (2) : $500. - se trascribe el decreto en su totalidad-.

Decisión: Se decreta suspensión provisional por cuanto el alcalde extralimitó sus funciones

al crear cargos sin mediar intervención del Concejo Municipal  y además sin señalarles

funciones.

Fuente: Art. 193 y 207 de la Constitución, art. 162 del Código de Régimen Político y Municipal

El presupuesto de Quimbaya no supera $1.000.000 por eso el asunto es de única instancia

 
 

7. Auto del 7 de julio de 1967

Demandante: MILCIADES RESTREPO CORREA

Demandado: Municipio de Quimbaya

Tema: admisión de demanda y suspensión provisional de decreto municipal que dispuso

aumento de sueldos en la alcaldía y creación de un cargo de guardían femenino  con

cargo a "sueldos personal cárcel". Personero: $200; Secretario de Personero: $130;

Tesorero de Rentas: $200; Guardián femenino: $150.

Decisión: Decreta suspensión provisional por cuanto el alcalde extralimitó sus funciones

al crear cargos sin mediar intervención del Concejo Municipal  y además sin señalarles

funciones.

Fuente: Art. 193 y 207 de la Constitución, art. 162 del Código de Régimen Político y Municipal

 
 

8. Auto del 30 de noviembre de 1967

Demandante: SAMUEL GOMEZ G. y ALFREDO GRAJALES B.

Demandada: Administración de impuestos nacionales

Tema: competencia para conocer apelación de autos interlocutorios proferidos en juicios por

jurisdicción coactiva sobre impuestos de carácter nacional.

Decisión: Se abstiene de conocer el recurso impetrado, siguiendo la posición expuesta por el

Consejo de Estado, pero dejando constancia: "que el Tribunal más por respeto y acatamiento

que por convicción la acepta".

Fuente: Art. 52 Código de Régimen Político y Municipal - vigencia de leyes. Código civil: arts.

71 y 72, Ley 153 de 1887, arts. 3 y 14. 

 
 

9. Auto del 19 de diciembre de 1967

Demandante: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Demandado: Acuerdo Municipal de Armenia - exequibilidad

Tema: Autorización al alcalde y personero municipal para adelantar gestiones en procura

de la venta de unos lotes de propiedad municipal.

Decisión: Se declaró la inexequibilidad del art. 3, que disponía que el Concejo Municipal debía

autorizar previa y expresamente giros de la cuenta especial que se abriría con el producido

de la venta, en favor de la escuela "Concentración Alejandro Suarez".

Fuete: Art. 197, 201, 207 de la Constitución. Código de RPM, arts. 183 y 184.

 

 

  1. PRIMERAS SENTENCIAS TAQ -1967

 

Durante el año anunciado, el Tribunal emitió cuatro sentencias con ponencia del Magistrado  RESTREPO MURILLO.

 

1. Sentencia del 26 de enero de 1967

Revisión auto de fenecimiento Contraloría General del Departamento de Caldas

Tema: En visita de la Contraloría se encontró en las Empresas Públicas Delegadas

de Calarcá, irregularidades en la falta de ingreso de algunos dineros correspondientes

a servicios e impuestos municipales.

Decisión: Se revocó el auto de fenecimiento, pues los dineros que no  ingresaron,

no eran dineros públicos, apropiados por una funcionaria. La apropiación versó sobre

dineros particulares.

26/01/1967

 

2. Sentencia del 4 de septiembre de 1967

Nulidad de acta que dispone prescindir de los servicios de un ingeniero en las empresas

públicas de Armenia

Tema: estabilidad laboral de empleado de periodo.

Decisión: Se negaron pretensiones. El demandante tenía una estabilidad relativa.

Fuente: Código Contencioso, Ley 167 de 1941. 

04/09/1967

 

3. Sentencia del 6 de septiembre de 1967

Nulidad de decreto municipal de Quimbaya que creo una Inspección de Transportes y Tránsito.

Tema: facultad de los alcaldes para crear empleos.

Decisión: Se anuló el decreto. El alcalde usurpó funciones del Concejo Municipal.

06/09/1967

 

4. Sentencia del 15 de noviembre de 1967

Nulidad de acto del Ministerio de justicia que negó reconocimiento y pago de vacaciones

a un servidor judicial

Tema: agotamiento vía gubernativa

Decisión: Se negaron pretensiones porque no se agotó la vía gubernativa

15/11/1967

 
  1. POSICION JURISPRUDENCIAL ACTUAL DEL TAQ – 2016

 

Revisados los autos y sentencias del año 1967, se pueden extraer como temas principales tratados por la Corporación en dicha anualidad los siguientes: i) La admisión y corrección de la demanda; ii) La jurisdicción coactiva; iii) La prejudicialidad; iv) La suspensión provisional; v) La estabilidad relativa de empleados; vi) La creación de cargos por parte del alcalde municipal; y vii) El agotamiento de la vía gubernativa. 

 

Se pasa enseguida a hacer una referencia mínima a cada uno de estos tópicos, a fin de cumplir con el objetivo de comparar la posición judicial adoptada hace 50 años, con la línea jurisprudencial que hoy se sigue al interior de la Corporación. Destacando desde ya que, en gran medida, el Tribunal sigue los trazados jurisprudenciales adoptados, especialmente, en sentencias de unificación emanadas del Consejo de Estado. 

 

Para mayor claridad se clasificarán los temas en dos ítems: aquellos que se refieren a aspectos procesales y aquellos que aluden a  tópicos sustanciales.

 

3.1 Temas procesales

 

3.1.1 La admisión y corrección de la demanda

Al respecto se destaca que el Tribunal en términos generales sigue el mandato previsto en el art. 170[1], en consonancia con el art. 161 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA[2].

Es decir, que toda demanda que se presente ante la jurisdicción se somete a un filtro inicial por parte del juez, a partir del cual se pude determinar si se admite, se inadmite o se rechaza. La inadmisión permite su corrección en un término perentorio de 10 días, so pena de rechazo.

La discusión se ha planteado en torno a si aspectos formales, podrían dar lugar a inadmisión y posterior rechazo por falta de corrección. Al respecto, y especialmente en segunda instancia, el Tribunal ha planteado la posición que aspectos formales dejados de cumplir no pueden impedir el acceso a la administración de justicia, y en consecuencia se han revocado autos de rechazo adoptados por los juzgados administrativos [3].

 

3.1.2 La prejudicialidad

No está prevista como tal en el CPACA, pero por la remisión que permite el art. 306 de dicho ordenamiento[4], se aplica el contenido de la norma prevista en el art. 161 del C.G.P.[5] que permite la suspensión del proceso cuando la sentencia a dictarse dependa de lo que se decida en otro proceso judicial.

 

Nótese que debe tratarse de la existencia de otro PROCESO JUDICIAL, porque se han presentado solicitudes de suspensión por prejudicialidad argumentando que existe un procedimiento administrativo en curso, por ejemplo una investigación de control fiscal ejercido por la Contraloría, lo cual, desde luego no es de recibo.  

 

Tan solo por citar un ejemplo, en audiencia del 10 de marzo de 2016, se aplicó la suspensión de un proceso adelantado a través del medio de control de reparación directa, toda vez que existía un proceso en curso, tratando el mismo tema, pero a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho[6].

 

3.1.3 El agotamiento de la vía gubernativa

 

A partir del año 2011, con la expedición del CPACA, esta terminología entró en desuso, para cambiarse por la del: cumplimiento del procedimiento administrativo.

En efecto, de conformidad con el num. 2 del art. 161 ya citado, a fin de acudir en demanda ante la jurisdicción administrativa debe previamente haberse ejercido y decidido los recursos OBLIGATORIOS de ley.  Y así lo ha exigido el Tribunal, en consonancia con el art.  76 del mismo ordenamiento[7], que señala como obligatorio de incoarse  el recurso de apelación contra el acto administrativo cuestionado, si éste es susceptible del mismo. 

El tema no ha ofrecido mayores discusiones. Inclusive ha sido pacífica la posición del Tribunal, siguiendo las voces del Consejo de Estado, en lo que tiene que ver con el recurso de reconsideración, que es propio del ámbito tributario, bajo el entendido que es obligatorio interponer dicho recurso para poder acudir ante la jurisdicción a cuestionar el acto impositivo del impuesto.

Una mínima reflexión habría que hacerse acerca de: ¿Qué ocurre si el recurso que es obligatorio interponer se interpone, pero se declara extemporáneo o desierto por falta de sustentación? Recuérdese que el art. 161 ibídem, exige que el recurso haya sido DECIDIDO, bien a través de un acto expreso o bien a través de un acto ficto, por lo que no cabe contemplar, en principio, que  una declaratoria de extemporaneidad o de desierto, cumpla con dicha exigencia. Esta es una posición plasmada en xx.

 

3.2 Temas sustanciales

 

3.2.1 La jurisdicción coactiva

 

Está regulada expresamente en el Título IV del CPACA, arts. 98 a 101, bajo el rubro de “Procedimiento administrativo de cobro coactivo”.

Al respecto cabe destacar, que la ley ha reconocido abiertamente la obligación de que las entidades públicas ejerzan ese cobro sin necesidad de acudir ante un juez para que tramite el ejecutivo correspondiente, tal como lo ordena el art. 98 ibídem[8]. Sin embargo, a reglón seguido la obligación la transforma en facultativa al anunciar que la entidad tiene la prerrogativa de ejercer el cobro coactivo o de acudir ante los jueces competentes.

 

De todas maneras, ejercido el cobro coactivo, lo que le corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, al tenor del art. 101[9], es conocer únicamente:

  1. Los actos administrativos que decidan las excepciones a favor del deudor;
  2. Los que ordenan llevar adelante la ejecución; y
  3. Los que liquiden el crédito.

Con el agravante que esta clase de trámites tienen prelación sobre los demás procesos, salvo lo que tienen que ver con acciones de tutela y constitucionales, por ejemplo.

Referencia al TAQ.

 

3.2.2 La suspensión provisional

 

Se cataloga hoy en día como una clase de medida cautelar, al tenor del art. 230 del CPACA[10], junto con: la de ordenar que se mantenga la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba; la de suspender un procedimiento o actuación administrativa; la de ordenar la adopción de un decisión administrativa o la realización o demolición de una obra; o la de impartir órdenes o imponer obligaciones de hacer o no hacer.

La primera discusión que se ha suscitado frente al tema es si la decisión a adoptarse, de imponer la medida cautelar es de Sala o es del Magistrado Ponente. El artículo indicado alude a que lo puede hacer este último. Sin embargo, el art. 243 del mismo ordenamiento[11], en concordancia con el art. 125 ibídem[12], establecen que es una decisión de Sala. El Tribunal ha acogido esta última interpretación, por lo que cuando impone una medida como la de suspender los efectos de un acto administrativo lo hace en Sala de Decisión.  

Los requisitos para arribar a dicha suspensión se señalan en el art. 231 ibídem [13]. Sin embargo, no ha sido fácil asimilar el cambio que se ha presentado frente a la antigua figura prevista en el Dcto. 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo, art. 152[14]), en el cual se exigía una MANIFIESTA INFRACCIÓN de la norma jurídica superior por parte del acto materia de suspensión.

No obstante que la suspensión ahora es más expedita, aún se sigue negando la misma en procura de verificar mejor, a lo largo del proceso, si en efecto cabe la nulidad del acto o no. 

Referencia taq.

 

3.2.3 La estabilidad relativa de empleados de periodo

 

El tema ha sido tratado como bien se sabe a nivel de las altas cortes, Consejo de Estado y Corte Constitucional, con relativa discrepancia en torno, especialmente a la necesidad de motivar los actos  de insubsistencia, pero sin que haya sido tema de debate que los empleados provisionales tienen una estabilidad relativa.

Ya en cuanto atañe a empleados de periodo, en el Tribunal no se han encontrado decisiones recientes al respecto. Bastaría con decir que a nivel del máximo tribunal de lo contencioso administrativo del país se ha dicho que la estabilidad es relativa en el sentido que no terminarían su periodo si surgen causas que conlleven a su desvinculación, como por ejemplo un proceso disciplinario, una pérdida de investidura, una extinción del cargo, la edad de retiro forzoso, en fin. Pero si nada anormal ocurre, es imperativo respetar el periodo del funcionario.

 

3.2.4 La creación de cargos por parte del alcalde municipal

Acogiendo el mandato constitucional previsto en el art. 315  Superior[15], es claro que el alcalde municipal, por sí solo puede crear cargos, con una condición: no puede crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto  aprobado por el Concejo Municipal.

No se cuenta con una providencia actual del Tribunal, que permita determinar el criterio de la Corporación sobre el punto, pero basados en la norma constitucional citada, es viable concluir, en principio, a diferencia de lo que falló el Tribunal en 1967, que  esa sí es una potestad del órgano individual de la administración local, por lo que el Concejo Municipal no puede interferir en esa facultad.

 

CONCLUSIONES

A manera de conclusiones, y luego de la revisión de la producción jurídica referenciada, se puede expresar:

  1. Desde el punto de vista logístico es evidente que el Tribunal hace 50 años laboró con lo mínimo: en una sede prestada, con máquina de escribir, con un mínimo de posibilidades de consulta jurisprudencial y con una dependencia salarial del Ministerio de justicia.

A diferencia de hoy  que se cuenta con sede propia, aunque  divido en su esencia, pues los dos más recientes magistrados laboran en un edificio diferente.

El acceso a internet, las salas de audiencia, los insumos de hardware y software desde luego que mejoran la producción jurídica y la posibilidad de consulta inmediata de líneas jurisprudenciales.

La dependencia salarial de la propia Rama (Consejo Superior de la Judicatura) y no del Gobierno Nacional también representa un avance significativo de autonomía.  Aunque desde luego la misma se resquebraja ante la imperiosa aprobación presupuestal general para la Rama que dimana del ejecutivo, lo que siempre ha conllevado a los recortes fatídicos de cada año, que ponen en vilo la eficiencia en la administración de justicia.   

  1. Desde el ámbito del contenido de las providencias, es evidente que lo temas jurídicos no han variado mucho. La diferencia está en que hoy en día contamos con un código que se encuentra ligado a los mandatos constitucionales de 1991, que permite manejar los casos sin necesidad de acudir a normas ajenas a la jurisdicción administrativa, normatividad civil o contenidos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Difícilmente hoy en día se acude a contenidos civilistas o de esa alta corporación para decidir los procesos contenciosos administrativos. Ello gracias también, a la preponderancia que tienen las líneas jurisprudenciales que traza el máximo órgano de cierre de la jurisdicción, vale decir, el Consejo de Estado, a cuyo contenido se acude de manera constante en la mayoría de las providencias del Tribunal.

Sin desconocer también, la referencia obligada a las expresiones jurisprudenciales de la Corte Constitucional que en temas administrativas se pronuncia no solo a través de la vía ordinaria (fallos de exequibilidad e inexequibilidad), sino mediante múltiples fallos de tutela.

 

En síntesis, el parámetro temporal de cinco décadas, no permite desentrañar una diferencia diametral entre la producción jurídica del TAQ en el año 1967 y el año 2016. Lo cual responde a un  principio de viaja data, que permea a nivel universal la tarea judicial, vale decir: el de la seguridad jurídica, ligado al principio de confianza. Los cuales permiten exigir de la judicatura, por parte de la comunidad en general, un mínimo de estabilidad y coherencia en los fallos judiciales, sobre asuntos similares.

  Armenia, 28 de octubre de 2016.

 

[1]           Artículo 170. Inadmisión de la demanda. Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda.

[2]           Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.

Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación.

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto.

Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.

3. Cuando se pretenda el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo, se requiere la constitución en renuencia de la demandada en los términos del artículo 8° de la Ley 393 de 1997.

4. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.

5. Cuando el Estado pretenda recuperar lo pagado por una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, se requiere que previamente haya realizado dicho pago.

6. Cuando se invoquen como causales de nulidad del acto de elección por voto popular aquellas contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 275 de este Código, es requisito de procedibilidad haber sido sometido por cualquier persona antes de la declaratoria de la elección a examen de la autoridad administrativa electoral correspondiente.

[3]           Por vía de ejemplo: TAQ, Sala Quinta de Decisión. Auto resuelve apelación, Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Demandante: MARIA GLADYS LOAIZA. Demandado: NACION-MIN. EDUCACION-FOMAG, Radicado: 63-001-3333-003-2016-00097-01. Agosto de 2016. Susceptible de consultarse en la pág. Web del Tribunal: www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co

[4]           Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

[5]           Artículo 161. Suspensión del proceso. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos: 

1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquél como excepción o mediante demanda de reconvención. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquél, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en éste es procedente alegar los mismos hechos como excepción. (…).

[6]         TAQ, Reparación Directa. Accionante: Grupo Los Pinos S.A.S. Accionado: Municipio de Circasia. Radicado: 63001-2333-000-2014-00198-00.

[7]           Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.

[8]           Artículo 98. Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo. Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.

 

[9]           Artículo 101. Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito.

La admisión de la demanda contra los anteriores actos o contra el que constituye el título ejecutivo no suspende el procedimiento de cobro coactivo. Únicamente habrá lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo:

1. Cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido suspendido provisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y

2. A solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida las excepciones o el que ordene seguir adelante la ejecución, según el caso, esté pendiente el resultado de un proceso contencioso administrativo de nulidad contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Esta suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni impide el decreto y práctica de medidas cautelares.

Parágrafo. Los procesos judiciales contra los actos administrativos proferidos en el procedimiento administrativo de cobro coactivo tendrán prelación, sin perjuicio de la que corresponda, según la Constitución Política y otras leyes para otros procesos.

[10]          Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida. 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. 4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.

[11]          Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público. (…).

 

[12]             Artículo 125. De la expedición de providencias. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. (…).

[13]             Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (…).

 

[14]          Art. 152. Procedencia de la suspensión. El Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos: (…)

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. (…).

[15]          ARTICULO 315.  Son atribuciones del alcalde: (…)

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. (…).