REFLEXIONES

 

BALANCE DE LA PERCEPCIÓN FRENTE A LA EXPERIENCIA DE LLEVAR EL CONSEJO DE ESTADO A LAS REGIONES.

 

Juan Carlos Botina Gómez - Magistrado. Autor.

Presidente Tribunal Administrativo del Quindío

 

“El Acercamiento del Honorable Consejo de Estado a las Regiones, constituye la efectividad del derecho al Acceso a la Administración de Justicia”

 

 

 

Sí consideramos que el Consejo de Estado, es la máxima instancia de la Justicia Contencioso Administrativa, la que conforme a su misión, entre muchas de sus importantes y relevantes funciones: “emite conceptos sobre controversias entre entidades públicas para precaver eventuales litigios y ejerce el control previo de legalidad”, su labor de acercarse a cada una de las regiones del país advirtiendo la importancia de reflexionar sobre “El principio de legalidad”, el cual tiene como objetivo primordial fortalecer la seguridad jurídica[1],  robustece la confianza legítima de las autoridades de la administración pública, y de los ciudadanos, en la institucionalidad del Estado Social de Derecho Colombiano.

 

Naturalmente, que para el cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte del gobernado, al igual que en el caso de los gobernantes, se requiere del conocimiento y comprensión de la Ley, lo que conlleva la interpretación de la misma, para lo cual se debe determinar como herramienta efectiva la unificación de la jurisprudencia, en aras de consolidar la seguridad jurídica de la región.

 

Es así como, el Honorable Consejo de Estado, con sus proximidades a las regiones, ha generado espacios de crecimiento no sólo académico sino también de cultura legal, puesto que al invitar a la consulta de sus interpretaciones plasmadas en cada uno de sus fallos unificados, extienden el derecho reclamado que se protege con sus decisiones a toda la colectividad, fundado su criterio en el principio de la igualdad, para no vulnerar la efectividad de los derechos de quienes reclaman en igual forma al Estado, el cumplimiento de sus fines, consagrados en la Carta Magna como:

 

“… servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”[2]

 

Bien se puede decir y creer, que sin lugar a dudas el hecho de que los Altos Togados de la Justicia Administrativa, se trasladen a cada uno de los entes territoriales para llamar a la reflexión sobre el cumplimiento cabal y adecuado de las funciones de los Servidores Públicos, motivando la cultura de la legalidad en la ejecución de sus deberes constitucionales y legales, coloca en las manos de los gobernantes locales y de la sociedad en general, como herramienta fundamental, el que se conozcan en los fallos de los jueces, Magistrados de Tribunales y del mismo Órgano de Cierre Judicial Administrativo, los principios normativos que se utilizan como instrumentos para evitar; el detrimento del patrimonio público, a través de la práctica de la moral administrativa en cumplimiento de la Ley.

 

Valga para mejor proveer, recalcar a manera de ejemplo, de lo entendido en párrafo anterior: la importancia de los principios de precaución y prevención en materia ambiental, que resaltaron los eminentes Consejeros, en su visita a esta Región del Quindío, cuando el pasado 12 de mayo de los corrientes, de cara a las políticas públicas del sector ambiente y del desarrollo sostenible, frente a los gobernantes de la localidad y a la comunidad que ese día compartía el auditorio con ellos, trajeron a colación que el ordenamiento jurídico a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Art. 1 de la Ley 99 de 1993, consagraba de una parte en materia ambiental; el principio de precaución y de otra, el principio de prevención, mismo preceptuado en la Ley 165 de 1994, como instrumentos para evitar daños en materia ambiental.

 

Empero; a lo suyo, consideraron de vital importancia: destacar el panorama jurisprudencial en materia de daños ambientales, con el fin, de dar a conocer la multiplicidad de decisiones que al respecto el Máximo Tribunal de Cierre, luego de una amplia interpretación de la norma, ha proferido en consideración a la protección de los derechos individuales y colectivos que propenden por la conservación del medio ambiente, tales como: la protección al ambiente por la contaminación en la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, la nulidad de la Resolución No. 0013 del 27 de junio del 2003 del Consejo Nacional de Estupefacientes que autorizaba la aspersión con glifosato en parques naturales, actividad que conforme a la jurisprudencia generan un riesgo para el ambiente, entre otros.

 

En correspondencia al discurso de los Respetados Magistrados de Consejo de Estado, sin lugar a dudas, se puede advertir  la efectividad del derecho al acceso a la administración de justicia, a partir de la experiencia de que éstos, cuando se acercan  a la sociedad y a sus administradores locales, directamente los motiven  a cumplir la Ley, y a conocer la jurisprudencia que por extensión en su aplicación evitaría la incertidumbre jurídica en la aplicación del ordenamiento normativo cuando realizan sus funciones administrativas gubernamentales, lo que conllevaría a que no se vulneraran  los derechos a los coasociados en su ejercicio ciudadano.

 

Se debe entonces, hacer un alto en el camino; y de forma reiterativa, reconocer la gestión judicial y administrativa que llevan a cabo los Altos Togados, cuando se desplazan a las diferentes regiones del país, llevando consigo, el conocimiento de la norma y la interpretación de la misma, lo que trasladan a la colectividad visitada, con el ánimo de que se acojan las buenas costumbres de cumplir la Ley,  a fin de que adquieran el compromiso de ejercer sus funciones bajo el criterio de la cultura de la legalidad, para que naturalmente y en reciprocidad, siguiendo la línea jurisprudencial se redunde en beneficios para la administración y la sociedad.

 

Finalmente, de acuerdo a lo expresado, se destaca en el ejercicio de los ilustres Magistrados, que mediante la descentralización de sus funciones, al conocer de cerca las diferentes circunstancias de cada región en el ejercicio de la administración y obviamente del derecho, cumplen con los fines del Estado, ya que sirven a la colectividad, entregándoles el conocimiento legal para que no incurran en decisiones erradas que conlleven, el detrimento de los derechos colectivos, inmerso en muchos casos el patrimonial de la región;  además y anexo a ello, promueven la prosperidad general de la entidad territorial, cuando advierten el carácter vinculante y preventivo de sus decisiones a través de la jurisprudencia, lo que humaniza la administración de justicia, en la búsqueda de un Estado más justo, equitativo y protector del Patrimonio Público Colombiano.

 

 

 

 

 

 

 


[1] Sentencia C-891/12

[2] Constitución Política. Art. 2