ACUMULACION DE PROCESOS Y PRETENSIONES EN LA LEY 1437 DE 2011

 

 

Por: LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA

Magistrado del T.A.Q.

 

 

 

CONTENIDO

 

  1. Naturaleza de la acumulación de procesos y sus fundamentos legales.
  2. Principios constitucionales, procesales y legales
  3. Doctrina
  4. Bases constitucionales (Corte Constitucional)
  5. El Consejo de Estado frente a la acumulación de procesos
  6. Consecuencias estadísticas
  7. Conclusiones

 

 

1. Naturaleza de la acumulación de procesos y sus fundamentos legales

 

 

La acumulación de pretensiones en la jurisdicción contenciosa administrativa, de acuerdo con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA), se rige por una norma específica,  Art. 165[1] , y es viable siempre que se cumplan cinco requisitos básicos:

 

  1. Las pretensiones sean conexas.
  2. El juez sea competente para conocer de todas.
  3. Las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.
  4. No haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
  5. Todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.

 

Se diferencia, entonces del tratamiento dado por el art. 157 del C.P.C donde se exige, entre otras cosas que el demandado sea el mismo y las excepciones propuestas se fundamenten en los mismos hechos, salvo que aquéllas tengan el carácter de previas.

 

La finalidad de la acumulación de procesos es la de evitar la posibilidad de que se profieran sentencias encontradas, en asuntos que, por sus características, pueden fallarse bajo una misma cuerda, con lo cual se garantizan los principios de economía procesal, celeridad y seguridad jurídica.

 

En la nueva normatividad, se encuentra otro artículo que permite avizorar la posibilidad de acumular procesos con una amplitud diferente a la prevista en el código de 1984, se hace alusión al art. 189 [2], que entre otras cosas señala que la sentencia que se profiera en procesos de restablecimiento del derecho puede aprovechar a quienes hubieren intervenido  y obtenido una declaración a su favor.

 

La acumulación de procesos puede ser fundamentalmente, de dos clases:

 

La ACUMULACIÓN OBJETIVA: Cuando el demandante acumula en una misma demanda varias pretensiones conexas o no, contra el demandado.

 

ACUMULACIÓN SUBJETIVA: Cuando se acumulan en una demanda pretensiones de varios demandantes contra un demandado o cuando un solo demandante acumula pretensiones contra varios demandados o cuando varios demandantes acumulan pretensiones contra varios demandados. La acumulación también puede presentarse en la modalidad de MIXTA como cuando la demanda se interpone o se dirige contra pluralidad de SUJETOS, activos y pasivos, y las PRETENSIONES persiguen objetos diferentes[3].

 

 

  1. Principios constitucionales, procesales y legales

 

La acumulación de procesos propende por el desarrollo de tres principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Carta política:

 

  1. Eficacia : en el  entendido que las autoridades  deben buscar  que los procedimientos logren su finalidad  y para el efecto , deben remover  de oficio los obstáculos puramente formales , evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos. Resulta mucho más eficaz resolver varios asuntos similares en una sola sentencia que hacerlo cada uno de ellos en procesos y fallos diferentes. El desgaste se videncia en trámites múltiples que lo que generan son dilaciones y retardos innecesarios.

   

  1. Economía: Las autoridades deben  proceder con austeridad, eficiencia y optimizar  el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando  el más alto nivel de calidad  en sus actuaciones y la protección de derechos de las personas. Si es posible que en una sola actuación se contesten multiplicidad de demandas, se recauden unas pruebas comunes, se reciban alegatos globales y que con una sola decisión se resuelvan multiplicidad de asuntos, desde luego que se logra austeridad, eficiencia y optimización.

 

  1. Celeridad: a efectos que las actuaciones se adelanten con diligencia las autoridades utilizaran las tecnologías, los recursos de comunicación y los procedimientos necesarios para el logro de los objetivos. Resulta mucho más célere la actuación cumplida en un solo proceso frente a varias pretensiones acumuladas, que hacerlo de manera aislada y términos deferentes para cada una de ellas.

 

 

  1. Doctrina

 

De conformidad a lo indicado, en materia civil, el tratadista HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, aduce que puede integrarse un litisconsorcio facultativo  a través de los fenómenos de acumulación de procesos  (artículo 157 y 541 del C. de P.C.) o de acumulación de demandas (artículos 540 y 556 ibídem), por cuanto por medio de estos sistemas se logra idéntica finalidad, esto es, unir en una actuación única pretensiones que  usualmente  deberían ser objeto  de tramitaciones separadas.

 

Por su parte la doctrina española, a través de  VICENTE GUZMÁN y ROCÍO ZAFRA ha indicado:

 

“Si la finalidad de la acumulación (de acciones y de procesos) es la economía procesal o la simplificación de la tramitación de los asuntos, la pretensión ejercitada en la demanda, resulta a todas luces adecuada, razonable y, lo que es esencial, perfectamente lícita y autorizada por nuestro ordenamiento.”[AAP Madrid 25.9.2007 (JUR 353813)].

 

“Normalmente reducidas a la elusión de los riesgos provenientes, bien de la contradicción entre resoluciones, bien de factores económico-procesales, cual la exclusión de gastos y dilaciones innecesarias.” [AAP Pontevedra 5.4.1993 (Ar. 508)].

    

Ahora bien, la posibilidad de que el procedimiento termine en una única sentencia no significa que esta resolución deba incidir en cada una de las acciones ejercitadas. Entendiendo así, que la sentencia que resuelva el proceso y sus acumulados deberá contener tantos pronunciamientos como objetos procesales derivados de la acumulación existan. Es decir, tramitación en un único procedimiento no puede impedir que se conozcan todas y cada una de las pretensiones interpuestas ante los órganos judiciales. 

 

(…)4.1. Requisitos materiales para la acumulación de procesos (art. 76 LEC)

 

Artículo 76. Casos en los que procede la acumulación de procesos

La acumulación de procesos sólo se ordenará:

 

1. Cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro.

2. Cuando entre los objetos de los procesos cuya acumulación se pide exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes.

 

CONCORDANCIAS: arts. 11 y 222 LEC; arts. 161 y 162 LEC 1881; art. 111 CC.

 

Entre los requisitos materiales para la acumulación de procesos se requiere la existencia de conexión entre los objetos procesales. Para que existiendo esta conexión se pueda proceder a la acumulación de procesos, es necesario que nos encontremos ante el riesgo de que si se tramitaran por separado pudieran existir sentencias contradictorias o bien sentencias con pronunciamientos incompatibles o excluyentes. Es decir, la conexión debe revestir la modalidad de prejudicialidad o evidenciar el potencial riesgo de pronunciamientos contradictorios, incompatibles o excluyentes. No es necesario, sin embargo, una identidad subjetiva para la acumulación de procesos, en tanto en cuanto podríamos encontrarnos con sujetos procesales comunes en los procesos que se intentan acumular, pero también pueden ser total o parcialmente diferentes. En este último caso, la acumulación de procesos determinaría una pluralidad de objetos procesales y una pluralidad de sujetos procesales.

 

 

  1. Bases  Constitucionales (Corte Constitucional)

 

Sobre el tema de la acumulación la Corte Constitucional Colombiana ha precisado:

 

Una interpretación de las normas procesales que facilite la acumulación promueve el principio de economía procesal según el cual todos los agentes involucrados en el proceso de administración de justicia, deben intentar obtener el mejor resultado, tanto para las partes como en términos globales, con el menor costo en tiempo y recursos. Ciertamente, si un número plural de procesos puede ser resuelto por un mismo funcionario judicial, a partir de la solución de un idéntico problema jurídico, nada justifica el hecho de que los procesos no puedan acumularse. Adicionalmente, la acumulación de pretensiones de distintos demandantes tiende a asegurar la coherencia entre los distintos fallos y a evitar la existencia de sentencias contradictorias. Este comportamiento promueve, sin duda, la igualdad y la seguridad jurídica[4] (negrillas fuera de texto para destacar).

 

 

En la misma providencia más adelante señaló:

 

1. En aplicación directa de los principios de economía procesal, seguridad jurídica y supremacía del derecho sustancial y, en cumplimiento estricto de la misión de la Corte, que no es otra que la de la guarda de la supremacía y la integridad de la Constitución a través, entre otras cosas, de la unificación de la jurisprudencia nacional, la Sala ha decidido acumular los dos expedientes antes referidos.

 

En el presente caso, la acumulación es conducente dado que la Corte Constitucional es competente para conocer de los procesos que se acumulan; que las pretensiones no se excluyen entre sí; y, finalmente, que todas pueden tramitarse por el mismo procedimiento. Adicionalmente, existe coincidencia parcial de partes, dado que se trata del mismo demandado – la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso administrativo del Consejo de Estado -; las pretensiones tienen la  misma causa – la expedición de sendas sentencias inhibitorias en dos casos de circunstancias similares, aplicando la misma interpretación del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil –; y el mismo objeto - los actores en los procesos acumulados buscan que se revise la compatibilidad de la tesis del demandado con la Constitución Política y, en caso dado, que se decrete la nulidad de las mencionadas decisiones de manera tal que el fallador proceda a decidir de fondo.

 

Sin embargo, desde la perspectiva de la función de la Corte Constitucional, el dato verdaderamente determinante para proceder a la acumulación de procesos es que en los dos casos que se estudia, además de existir coincidencia parcial de partes, se plantean, exactamente, los mismos problemas jurídicos: (1) en primer lugar, la Corte debe preguntarse cuál es el alcance de la acción de tutela frente a una sentencia inhibitoria; (2) en segundo término y sólo si la acción de tutela fuera procedente, la Corporación deberá estudiar si vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia la decisión inhibitoria del Consejo de Estado, fundada en una particular y reiterada interpretación del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Para resolver está segunda cuestión debe la Corte estudiar algunas cuestiones adicionales que, de ser pertinentes habrán de definirse en su momento[5] (negrillas fuera de texto para destacar).

 

 

Se destaca, entonces, que la Corte parte de un punto esencial, esto es que exista IDENTIDAD DE PROBLEMA JURIDICO, es decir que el juzgador deba pronunciarse sobre un mismo punto de derecho; existiendo además coincidencia parcial de partes. Situación que tratándose de asuntos administrativos es muy frecuente, pues la administración se pronuncia de una misma manera frente a un grupo de personas, tratadas estas individualmente. Aunque con el nuevo código (CPAPA) a las administración se le permite que frente a casos comunes se exprese en una sola decisión. Es decir, que también acumule respuestas a peticiones uniformes (art. 22 ibídem [6] ), las cuales si bien en principio se limitan a derechos de información, se estima que nada impide para que se incluyan otra clase de peticiones en aplicación de los principios administrativos de economía, eficacia y celeridad (art. 3 ibídem [7]).   

 

Lo anterior sin olvidar que a la administración se le exige que al momento de resolver consulte las decisiones uniformes de la jurisdicción administrativa, expresada en el máximo tribunal contencioso del país, al tenor del art. 10 del CPACA [8].

 

 

  1. El Consejo de Estado  frente a la acumulación de procesos

 

 

El máximo Tribunal de la jurisdicción administrativa, tratando el tema de la acumulación de pretensiones - mas no de procesos -, negó tal posibilidad, bajo la vigencia del Dcto. 01 de 1984 (Código anterior) en un caso en el que varios demandantes, reclamaban derechos laborales derivados de un mismo acto administrativo.

 

ACUMULACION DE PRETENSIONES - Requisitos / PRESTACIONES SOCIALES - Indebida acumulación de pretensiones / INDEBIDA ACUMULACION DE PRETENSIONES - Configuración aun cuando se trata de los mismos actos administrativos, estos producen efectos individuales / RECHAZO DE LA DEMANDA - Procedencia. Indebida acumulación de pretensiones

 

Dispone el inciso 3° del artículo 82 del C. de P.C., que pueden formularse en una misma demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que éstas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas pruebas. Como puede observarse, aún cuando se trata de los mismos actos administrativos, éstos producen efectos individuales para cada uno de los actores, por lo que no puede decirse que sus pretensiones tengan una causa común; tampoco existe dependencia entre las pretensiones de uno y otro demandante, ni las pruebas son comunes, pues en cada caso deberán probarse los vicios que se endilgan al acto y las circunstancias del restablecimiento del derecho pretendido que son particulares y especificas sin relación alguna entre sí. Asimismo, el vínculo que une a cada uno de los peticionarios con la administración es particular y concreto; los servicios prestados por cada cual son personales y generan derechos individuales;  y el hecho de que se invoquen como vulneradas unas mismas normas, no significa que exista unidad de causa, pues la causa de la pretensión la integran los hechos constitutivos (no accesorios, circunstanciales o complementarios) de la relación sustancial debatida. Pero además, existen pretensiones económicas que en el evento de prosperar tienen connotación diferente para cada uno de los peticionarios, dependiendo del salario, tiempo de servicios y demás circunstancias que se toman en consideración bajo un régimen normativo específico, lo que no deja duda acerca de que el objeto de las demandas no es el mismo y que hay imposibilidad legal de acumular las pretensiones dentro de un mismo proceso. No queda duda entonces que no se dan los requisitos exigidos por el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, que permitan estudiar bajo una misma cuerda las pretensiones acumuladas. En consecuencia, estima la Sala que cada uno de los demandantes debió promover por separado su respectiva acción, para obtener el restablecimiento particular y concreto, pues al hacerlo en una misma demanda se incurrió en indebida acumulación de pretensiones, defecto de fondo que no es susceptible de ser subsanado. Dadas las anteriores circunstancias, encuentra la Sala que tuvo razón el Tribunal al rechazar la demanda y por lo tanto habrá de confirmarse la decisión apelada[9].

 

No obstante esta interpretación restringida, se estima que el nuevo código abre las puertas hacia otra visión, más amplia, partiendo de la base que bajo el sistema de procedimiento contencioso mixto (escritural y oral) sería imposible atender en audiencias individuales cada uno de los procesos similares. En el sistema escrito en una sala de decisión podían evacuarse múltiples sentencias sobre un mismo tema jurídico. Pero en el sistema pro audiencias, ya no se podría hacer lo mismo, salvo, como se está sosteniendo que se hubiesen acumulados  los procesos o las pretensiones de varios demandantes.  

 

No se encuentra norma alguna, dentro del nuevo código, que impida hacer lo que se está planteando. Luego, la visión respetable del Consejo de Estado, pero cerrada en su contexto, debe cotejarse a la luz del nuevo procedimiento, so pena de que la administración de justicia en materia administrativa colapse. No alcanzaría el calendario para poder programar toda la agenda de audiencias que se requerirían para decidir una por una las pretensiones similares de multiplicidad de personas.

 

 

  1. Consecuencias Estadísticas

 

El CPACA no establece normas adicionales a la del art. 165 para referirse a la acumulación, por lo que debe darse entrada, por referencia, a lo dispuesto en el procedimiento civil, en lo no reglamentado, es decir, a lo previsto, en el tema, en el inciso 5 del artículo 159 del C.de P.C. donde se indica que los procesos acumulados seguirán tramitándose conjuntamente, con suspensión del más adelantado  hasta que el otro se encuentre en el mismo estado y se decidirán en  la misma sentencia. Por lo tanto es válido afirmar que en la estadística sólo se registraría una sentencia y por ende una sola salida efectiva.

 

Ese tema de carácter administrativo debe pasar a segundo plano, frente a lo fundamental, cual se la posibilidad de garantizar una justicia pronta y oportuna. Jamás podría aceptarse que por razones de estadística interna del despacho, se prefiera expedir mayor volumen se sentencias sobre problemas jurídicos similares, a sabiendas de que procesalmente se pueden resolver en un único fallo, tan sólo por el prurito de contar con mayor número de sentencias. Al fin y al cabo el número de procesos egresados, se observaría, en el momento de la acumulación, esto es, el egreso sería de un número más o menos grande de actuaciones, pese a que se trate de una sola decisión definitiva.

 

  1. Conclusiones

 

A manera de síntesis, luego de este recorrido normativo, doctrinal y jurisprudencial  se puede afirmar:

 

  1. Las normas, la doctrina y la jurisprudencia, en su gran mayoría, tienden a encontrar prudente, recomendable y viable, desde el punto de vista procesal, la acumulación de pretensiones y de procesos.

 

  1. Principios constitucionales y legales, como la eficiencia en la administración de justicia, la economía y la celeridad, dan sustento a la acumulación mencionada.

 

  1. El criterio del Consejo de Estado sobre la imposibilidad de acumular pretensiones sobre prestaciones laborales, debe recibirse con beneficio de inventario; esto es, comprender la posición dentro del contexto del código anterior, esencialmente escrito, pero no a la luz del sistema mixto (escritural y oral) que nos presenta el CPACA.

 

  1. La Corte Constitucional sí ha hecho uso amplio de la acumulación, tratándose de acciones de tutela que versan sobre un problema jurídico idéntico. Luego, tal criterio bien puede ser utilizado también en materia contenciosa administrativa.

 

  1. Son más las bondades que los reparos, los que surgen ante una acumulación de procesos o de pretensiones en materia contenciosa administrativa y su ejercicio puede resultar sano ante la posibilidad inminente de congestión de la jurisdicción, tan pronto entre en aplicación el nuevo sistema de juzgamiento contencioso administrativo.

 

 

(documento base, DIANA CAROLINA HERRERA MOLINA)

 

[1]           Artículo 165. Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para su conocimiento y resolución.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.

4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.

 

[2]           Art. 189.- Efectos de la sentencia. (…)

La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor.

 

[3]           C.E. Sentencia 13001-23-31-000-2004-00799-01(7823-05) de Sección 2ª, 28 de Septiembre de 2006; M.P. ALEJANDRO  ORDOÑEZ MALDONADO.

[4]           C.C. T-1017-1999

 

[5]           Ibídem

[6]           Artículo 22. Organización para el trámite interno y decisión de las peticiones. (…) Cuando más de diez (10) ciudadanos formulen peticiones de información análogas, la Administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, la pondrá en su página web y entregará copias de la misma a quienes las soliciten.

[7]           Art. 3. Principios. (…)

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. (…)

[8]           Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.

 

[9]           C.E. Sección Segunda, Subsección “A”. Sent.18/10/07. Actor: Adalgiza Reyes Romero y otros Exp. 7865-05