CULTURA DE LA LEGALIDAD

Informe Tribunal Administrativo del Quindío

 

LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA

Magistrado TAQ

 

INTRODUCCION

  1. INGRESO DE PROCESOS 2011 a 2015
  2. PROCESOS ACTIVOS a 2016
  3. PRESENTACION DE CASOS REPRESENTATIVOS
  4. ESFUERZOS DE PUBLICIDAD DE LA GESTION DE LA JURISDICCION

 

INTRODUCCION

Dentro del programa propuesto por el H. Consejo de Estado acerca de la cultura de la legalidad, le corresponde al Tribunal Administrativo del Quindío compartir con la comunidad en general y especialmente con la administración pública departamental y local, un estado de cuentas con respecto a la labor que cumple la jurisdicción administrativa en el Departamento.

 

Para ubicarnos en el tema es necesario primero describir cómo está conformada dicha jurisdicción en este amable rincón de la patria. Hasta el año anterior (diciembre de 2015), funcionaba con tres magistrados permanentes en el Tribunal y cuatro jueces administrativos permanentes cubriendo todo el Departamento, conformado por doce municipios.

 

En razón al tránsito que se presentó del sistema escritural, previsto en el Código Contencioso Administrativo (Dcto. 01 de 1984), al sistema oral, regido por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA – (Ley 1437 de 2011), se consolidó durante mediados de 2012 y diciembre de 2015 un grupo de servidores judiciales en descongestión con la finalidad de evacuar los procesos escriturales, siguiendo en principio las directrices del art. 304 del CPACA[1]. Ese cuerpo de descongestión estuvo constituido básicamente por tres despachos de magistrados más y seis juzgados administrativos adicionales.  

 

Como lo indicaba la norma en comento el objetivo del Plan Especial de Descongestión era llevar hasta su terminación todos los procesos judiciales promovidos antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley, esto es, antes del 2 de julio de 2012 (art. 308 ibídem[2]). 

 

El programa duró tres años y medio, por lo que los juzgados de descongestión y la Sala escritural también de descongestión, del Tribunal, no alcanzaron a fallar todos los procesos que les fueron asignados. Con el agravante que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tuvo la ocurrencia en el año 2015, y así lo ordenó: que los juzgados de descongestión debían hacerse cargo de 250 de procesos provenientes de Ibagué (Tolima) [3] y la Sala escritural de 300 asuntos  remitidos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca[4] (Se alcanzaron a fallar 50 y se devolvieron 250 al momento de extinguirse la sala de descongestión).

Pues bien, habiéndose terminado la descongestión en diciembre de 2015, como se verá más adelante, muchos de esos procesos escriturales quedaron aún sin resolverse y algunos, de los que se enviaron del Tolima y del Vale del Cauca fueron regresados a su lugar de origen.  

 

Para fortuna de los usuarios de la administración de justicia, se logró para el año el 2016, después de una ardua lucha, ampliar la planta permanente de despachos, quedando a la fecha con: Un Tribunal compuesto por cinco despachos de magistrados, que obliga a hacer cinco salas de decisión; y seis juzgados permanentes.

 

Es ese el equipo de trabajo que tiene que responder ante la gran demanda de justicia que existe en el Departamento en materia contencioso administrativa. 

 

El propósito de este ensayo, es entonces, mostrar cuál es el panorama de la carga laboral que tiene la jurisdicción, hacer énfasis en los temas por los cuales más se recurre en demanda en el Departamento del Quindío y presentar unos casos significativos respecto a temas de gran connotación.    

 

  1. INGRESO DE PROCESOS 2011 - 2015

 

Se ha querido tomar esta referencia temporal de un lustro, con miras a determinar un antes a la entrada en vigencia del sistema oral, un desarrollo de lo que fue la descongestión escritural y un después a su extinción.

 

Entre enero de 2011 y diciembre de 2015 ingresaron al Tribunal 11.944 asuntos.  6.360 en el sistema escritural y  5.584 en el sistema oral.

 

 

Fig. 1. Ingresos de procesos al Tribunal Administrativo del Quindío ente 2011 y 2015. Fuente: Secretaría del Tribunal.

 

En otros términos a la Sala escritural de la Corporación, le correspondió resolver más de seis mil procesos dentro de los tres años que tuvo vigencia la misma, los cuales constituían – como ya se advirtió -  un rezago del sistema procesal anterior.   

 

Haciendo un estudio por acciones, 9.689 asuntos, es decir un  81,12% del gran total, corresponden a acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, hoy denominado medio de control  de nulidad y restablecimiento del derecho. El segundo lugar y con un porcentaje equivalente al  5%, corresponde a 599 acciones de reparación directa; en tercer lugar están las acciones de tutela en cantidad de 598, con un porcentaje similar, del 5%;  en cuarto lugar las acciones populares equivalentes a 224, es decir un 1,8%.

 

Fig. 2. Clases de acciones (medios de control) ingresadas al Tribunal Administrativo del Quindío ente 2011 y 2015. Fuente: Secretaría del Tribunal.

 

A nivel de los juzgados se observa la misma tendencia: Haciendo un estudio por acciones de un total de 12.002 procesos radicados entre los años 2011 y lo que va corrido de 2016: 7.281 asuntos, es decir un  60,6% del gran total, corresponden a acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, hoy denominado medio de control  de nulidad y restablecimiento del derecho. El segundo lugar y con un porcentaje equivalente al  21,3%, corresponde a 2.566 acciones de tutela; en tercer lugar están las acciones de reparación directa en cantidad de 649, con un porcentaje del 5,4%;  en cuarto lugar las conciliaciones extrajudiciales, con 586, es decir un 4,8%.

 

 

Fig. 2. Clases de acciones (medios de control) ingresadas a los juzgados administrativos del Circuito de Armenia ente 2011 y 2016. Fuente: Secretaría de los juzgados.

 

Frente al alto porcentaje de acciones propuestas a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es imperativo comentar que la mayoría de ellas son propuestas por el sector docente y tienen que ver con cinco temas básicos: a) el reconocimiento de la prima de servicios; b) la sanción mora por el no pago oportuno de la censantías; c) el descuento por salud de las mesadas pensionales adicionales; d) la reliquidación pensional por inclusión de todos los factores devengados;  y c) el reconocimiento de la bonificación por servicios prestados.

 

Sobre dichos temas, vale la pena destacar que en términos generales – con los respectivos salvamentos y aclaraciones de voto - la jurisdicción administrativa del Quindío ha determinado de manera reiterada: a) Reconocer la prima de servicios a los docentes desde el año 2011 –tema que fue materia de análisis por parte de la Corte Constitucional por vía de tutela [5], sin que prosperara amparo alguno sobre las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Quindío-,  lo que generó posteriormente que el Gobierno Nacional expidiera el Decreto 1545 del 19 de julio de 2013 [6], a partir del cual se reconoce dicha prima a todos los docentes del país desde el año 2014; Cabe agregar, eso sí, que en reciente providencia de unificación, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Esto, con ponencia de la Consejera SANDRA LISSET IBARRA VELEZ[7], el alto tribunal dejó en claro que dicha prima no procede en favor de los docentes, salvo que con anterioridad al año 1989, la hubieren reconocido los entes territoriales.  b) Reconocer también la sanción mora por el no pago oportuno de las cesantías; c) Ordenar no hacer descuentos para salud de las mesadas pensionales adicionales; d) Reliquidar las pensiones con inclusión de todos los factores devengados al tiempo de la adquisición del status pensional, siguiendo una línea jurisprudencial clara y reiterada del H. Consejo de Estado [8]; y  e) Negar la bonificación por servicios prestados.

 

NO obstante ello, esto es, la manera reiterada como se resuelven miles de casos similares, la administración, vale decir, las accionadas: Fondo Nacional del Magisterio FOMAG, el Municipio de Armenia, el Departamento del Quindío, se niegan a reconocer los derechos en sede administrativa, o a conciliar los procesos en sede prejudicial, esto es, ante la Procuraduría, o a conciliar en sede judicial, esperado siempre la sentencia que ponga fin al proceso. Generando así una espera prolongada para el interesado y una congestión mayúscula para la rama jurisdiccional.

 

Desde luego, las sentencias de unificación del Consejo de Estado, serán siempre, las que en última medida fijen las reglas correspondientes del caso, de ahí la importancia para que esos fallos se produzcan de manera pronta. Con la unificación jurisprudencial lo que se pretende es, entre otras cosas, evitar el desconocimiento por parte de la administración de los derechos que de manera reiterada se reconocen, bajo el criterio que es más costoso para la administración afrontar un proceso judicial que resolverlo directamente o  a través del mecanismo de la conciliación.

 

La respuesta para proceder así, esto es, a espaldas de lo que la jurisdicción está resolviendo, y  que se ventila en los pasillos, es que la administración no cuenta con los recursos suficientes inmediatos para atender los reclamos, y en consecuencia se somete a la espera de un proceso judicial que defina en una sentencia el caso particular, en aras de buscar con el tiempo la disponibilidad presupuestal correspondiente. Realidad esta que es innegable, pero que no debería ser así, pues nos conduce a reconocer a todos: usuarios, servidores públicos, administradores de justicia, que estamos frente en un círculo vicioso, consistente en: si bien son válidos los reclamos, se requiere que se demande ante la jurisdicción para que ésta en un fallo judicial obligue a la administración a reconocer y pagar lo que en efecto debe pagarse.

 

  1. PROCESOS ACTIVOS a 2016

 

Planteado el panorama anterior, en seguida se presenta la situación actual de la jurisdicción administrativa en el Quindío, cumplido el primer trimestre de 2016.

 

El número total de procesos que maneja la corporación en el momento es de 1.391. De los cuales 400 asuntos son escriturales, esto es, no alcanzaron a evacuarse dentro del programa de descongestión, por su recorte anticipado. Es decir, si nos atenemos a los cinco años antes descritos,  durante este tiempo el Tribunal tramitó 10.553 asuntos, o sea que se evacuó un promedio de 2.110,6 procesos por año.

 

En primera instancia están radicados 231 procesos y en segunda 1.160. En cuanto hace a la primera instancia, consultadas las entidades demandadas con mayor frecuencia se encuentra que el Municipio de Armenia reporta 19 casos; el Ministerio de Defensa 16, lo mismo que DIAN; y el Departamento del Quindío 14.

 

DEMANDADO

PROCESOS

MUNICIPIO DE ARMENIA

19

MINISTERIO DE DEFENSA

16

DIAN

16

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

14

UGPP

13

FOMAG

12

RAMA JUDICIAL

12

COLPENSIONES

9

POLICIA NACIONAL

9

MUNICIPIO DE MONTENEGRO

6

RED SALUD

4

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

3

 

 

Cuadro 1. Entidades demandadas con más frecuencia en primera instancia, dentro de los procesos activos del Tribunal, a abril de 2016. Fuente estadística de los cinco despachos de magistrado del TAQ.

 

En segunda instancia, por su parte, los procesos más numerosos corresponden al Fondo de Pensiones del Magisterio – FOMAG, quien reporta 289 procesos; después está el Departamento del Quindío con 227 asuntos; y luego el Municipio de Armenia con 152.   

DEMANDADO

PROCESOS

FOMAG

289

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

227

MUNICIPIO DE ARMENIA

152

UGPP

57

CREMIL

48

MINISTERIO DE DEFENSA

29

RAMA JUDICIAL

25

MUNICIPIO DE CALARCA

23

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A.

22

 

 

Cuadro 2. Entidades demandadas con más frecuencia en segunda instancia, dentro de los procesos activos del Tribunal, a abril de 2016. Fuente estadística de los cinco despachos de magistrado del TAQ.

 

A nivel de los juzgados, el número total de procesos que manejan los seis despachos mencionados en el momento es de 3.502, esto es, un promedio de 583,6 por despacho. De los cuales 337 asuntos son escriturales, esto es, que no alcanzaron a evacuarse dentro del programa de descongestión, por su recorte anticipado.

 

En cuanto hace a las entidades demandadas con mayor frecuencia se encuentra que el FOMAG que reporta 1.208 casos; el Departamento del Quindío 374; y el Municipio de Armenia 246.

 

DEMANDADOS

TOTAL

FOMAG

1208

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

374

MUNICIPIO DE ARMENIA

246

UGPP

227

MIN. DEFENSA EJERCITO

194

CREMIL

108

 

 

Cuadro 3. Entidades demandadas con más frecuencia en los procesos activos de los juzgados administrativos de Armenia, a abril de 2016. Fuente estadística de los seis despachos judiciales.

 

  1. PRESENTACION DE CASOS REPRESENTATIVOS

 

Es importante destacar algunas providencias representativas que ha proferido el Tribunal de manera reciente, escogidas con dos criterios básicos: su trascendencia social y su temática.

 

3.1      Sentencia del 16 de agosto de 2011

 

Acción                       : Validez de Acuerdo

Demandante           : DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Demandado                        : ACUERDO 04 de 2011

                                     Concejo Municipal de Montenegro

Radicado                  : 63-001-2331-000-2011-00176-00

Magistrado P.         : RIGOBERTO REYES GOMEZ

Tema                         : Estampilla pro hospitales universitarios                             

El Acuerdo acusado establecía la no obligatoriedad del cobro de la estampilla en el Municipio de Montenegro. El Tribunal declaró la invalidez del mismo,  en razón a que fue la Ley 645 de 2001 la que le confirió a las Asambleas Departamentales la facultad de determinar el uso obligatorio de la estampilla pro hospitales universitarios, por lo que a los concejos les corresponde es materializar el cobro, sin que sea viable dejar de cobrar la estampilla en el respectivo municipio. Se declaró la invalidez del acuerdo mencionado.  

 

3.2      Sentencia del 31 de diciembre de 2012

 

Acción                       : Popular

Demandante           : DEFENSORIA DEL PUEBLO

Demandado                        : MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

  SOSTENIBLE y otros

Radicado                  : 63-001-2331-000-2012-00089-00

Magistrado P.         : RIGOBERTO REYES GOMEZ

Confirmada             : C.E. Sentencia del 19 de septiembre de 2013

Tema                         : Daño ambiental por trabajos en el túnel de La

  Línea                                  

Se declaró la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, la Unión Temporal II Centenario, el Consorcio DIS S.A. EDL Ltda, la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ,  la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA por la vulneración y amenaza de los derechos colectivos relacionados con el goce a un ambiente sano, el equilibrio ecológico y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la conservación de especies animales  y vegetales, protección de áreas de especial importancia ecológica, salubridad pública y acceso a una infraestructura de servicios, básicamente por el deterioro ambiental ocasionado con los trabajos adelantados para la construcción del mega proyecto denominado Túnel de La Línea, sobre causes hídricos, como la quebrada La Gata y El Salado, desde donde se provée de agua potable al municipio de Calarcá.

 

3.3      Sentencia del 8 de mayo de 2015

 

Radicado                  : 63001-3333-751-2013-00042-01 (2014-1921)

Acción                       : Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Actor                         : DISTRIBUIDORA TROPICALI S.A.S.

Accionado                : MUNICIPIO DE CALARCÁ

Instancia                  : Segunda

Magistrado P.         : JUAN CARLOS BOTINA GOMEZ

Tema                         : Impuesto de industria y comercio

 

El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de la sanción impuesta por el Municipio de Calarcá por no pagar impuesto de industria y comercio entre 2007 y 2011. Todo bajo el entendido que la S.A.S. accionante tiene su sede comercial en el Municipio de Vijes, Valle del Cauca: “el ente territorial asume en la materia una postura radicalmente opuesta a la establecida por el Consejo de Estado en la jurisprudencia que líneas atrás se trajo a colación y según la cual, cuando se trata de establecer la causación del tributo en relación a actividades comerciales de venta de bienes, ésta tiene lugar en el sitio en que concurren los elementos del contrato de compraventa, esto es, el precio, el plazo de pago y la cosa que se vende y en ese orden, para efectos de determinar la jurisdicción en que se configura la obligación tributaria, no resulta relevante establecer el lugar desde el cual se realizan los pedidos, sino el lugar en el cual se logra el perfeccionamiento de los contratos de compraventa. Lo anterior, por cuanto la labor que efectúan los agentes de venta es de “coordinación” la que es muy diferente a la de comercialización de bienes, motivo por el cual, no puede ser generadora del tributo”.

 

En similares condiciones se han venido resolviendo todos los asuntos relacionados con este tema, imponiendo además al ente territorial las costas procesales tanto de primera como de segunda instancia. 

 

3.4      Sentencia del 7 de julio de 2015

 

Acción                       : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Proceso                    : 63-001-3331-001-2008-00879-01

Demandante           : CLAUDIA PATRICIA CASTRO RUIZ

Demandado                        : MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

Magistrado P.         : MARIO FERNANDO RODRÍGUEZ REINA

Tema                         : Declaración de Insubsistencia - falsa motivación

 

El Tribunal revocó la sentencia de primer grado que negó las pretensiones, y en su lugar declaró la nulidad del acto administrativo  que declaró insubsistente el cargo desempeñado por la accionante en provisionalidad, por falsa motivación y en su lugar ordenó el reintegro  de la misma y el pago de lo dejado de devengar.

 

Se consideró que no era posible argumentar, por parte de la administración municipal, que : “no fueron adelantados ante la Comisión Nacional del Servicio Civil los trámites pertinentes para la prórroga de la autorización de la provisionalidad, debido a que al no contar la administración municipal con un empleado en propiedad para que ocupara el cargo que venía desempeñando en provisionalidad la accionante, implicaba que la entidad territorial incumplió con un deber tendiente a garantizar la continuidad en la prestación del servicio que ofreciere tal empleo. (…) la razón o argumento esgrimido no constituía un motivo para dar por terminado el nombramiento en provisionalidad de la actora, pues cuando existe convocatoria a concurso se exonera de la autorización que otorga la Comisión Nacional del Servicio Civil”.

 

Como en la sentencia anteriormente referida, en similares condiciones se ha venido resolviendo todos los asuntos relacionados con este tema, imponiendo al ente territorial (La Tebaida) la obligación de reintegrar a los y las demandantes.

 

3.5      Sentencia del 11 de Diciembre de 2015

 

Acción                       : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

Proceso                    : 63001-3331-004-2011-00610-01

Demandante           : MARIA CRISTINA MONTENEGRO BENAVIDES       

Demandado            : DEPARTAMENTO DEL QUINDIO-ISSQ

Magistrado P.         : MARIO FERNANDO RODRÍGUEZ REINA

Tema                         : Contrato realidad

 

La Corporación, aplicando el principio de la primacía de la realidad sobre las formas confirmó la sentencia de primer grado, para reconocer que entre la accionante y la accionada existió una relación laboral, toda vez que aquella, la demandante, desempeñaba sus labores en el área de procesamiento y vigilancia de alimentos y bebidas alcohólicas en el Departamento, labores que están relacionadas con el objeto primordial de la entidad pública a la cual se encontraba vinculada. “Llama la atención a la sala – se dijo -  es, que el contrato de prestación de servicios de la demandante se fue prolongando en el tiempo paulatinamente, convirtiéndose así en una necesidad del servicio de carácter permanente, situación que deforma la esencia de éste tipo de vinculación en donde son las necesidades excepcionales del servicio las que llevan a su reestructuración”.

 

  1. ESFUERZOS DE PUBLICIDAD DE LA GESTION DE LA JURISDICCION

 

El Tribunal no ha sido ajeno a la necesidad que existe de que la comunidad pueda conocer la producción de la jurisdicción administrativa en el Departamento y se entere de manera rápida  y expedita de la línea que existe frente a determinados temas jurídicos.

Se cuenta para ello con tres instrumentos básicos:

 

a) La página web del Tribunal: www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co; dentro de la cual se pueden consultar todas las providencias expedidas por las respectivas Sala de Decisión, desde el año 2012.

En ella también se pueden consultar a través de los respectivos links los estados electrónicos de la Secretaría del Tribunal y noticias relacionadas con la jurisdicción.

 

b) El Boletín trimestral del Tribunal, donde s e pueden encontrar las sentencias más representativas proferidas por cada una de las salas de decisión de la Corporación en el periodo correspondiente.

 

El boletín es consultable también en la página web indicada. El último corresponde al Número 12, cuarto trimestre del año 2015. Esta por editarse el número 13.

 

c) La revista virtual de derecho público: CONTACTO IUS. La cual tiene en el momento tres entregas. También consultable en la página web anunciada.

 

Su objetivo es divulgar el pensamiento jurídico de la academia, servidores judiciales, jurisconsultos, en torno a temas del derecho constitucional y administrativo, sin perjuicio de incorporar temas literarios, como ventanas universales hacia temas ajenos al derecho.

 

Estos tres esfuerzos nacieron de las entrañas de la jurisdicción administrativa del Quindío, y se sostienen gracias a ese empeño particular, con la idea de conservarlos y mejorarlos cada vez más. 

 

De esta manera se da por concluida esta presentación de la situación actual de la jurisdicción administrativa en este departamento, cumpliendo el compromiso asumido con el Consejo de Estado, de generar en cada comarca un cultura de la legalidad, que permita no solo reducir las demandas contenciosas administrativas, que tanto le pueden costar al Estado, sino, mejor, estimular a la administración para que defina y zanje sus diferencias con los usuarios de manera directa o a través de la vía de la conciliación, como mecanismos más económicos y garantistas de los derechos de los coasociados.

 

Armenia, 12 de mayo de 2016.

 

[1]           Artículo 304. Plan Especial de Descongestión. Dentro del año siguiente contado a partir de la promulgación de la ley, el Consejo Superior de la Judicatura con la participación del Consejo de Estado, preparará y adoptará, entre otras medidas transitorias, un Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuyo objetivo es el de llevar hasta su terminación todos los procesos judiciales promovidos antes de la entrada en vigencia de la presente ley y que se encuentren acumulados en los juzgados y tribunales administrativos y en el Consejo de Estado. (…).

La ejecución del Plan Especial de Descongestión no podrá sobrepasar el término de cuatro (4) años contados a partir de su adopción por parte del Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.

[2]           Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

 

[3]           Artículo 26, num. 8,  del Acuerdo PSAA15-10363 del 30 de junio de 2015 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

 

[4]           Artículo 2 del Acuerdo PSAA15-10378 del 31 de agosto de 2015 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

[5]           C.C. Sentencia T-1066 del 6 de diciembre de 2012, M.P. ALEXI JULIO ESTRADA.

 

[6]           Art.1. Prima de servicios. Establécese la prima de servicios para el personal docente y directivo docente oficial que presta sus servicios en las instituciones educativas de preescolar, básica y media, la cual será cancelada a partir del año 2014 (…). 

 

[7]           C.E. SALA PLENA SECCION SEGUNDA, Sentencia del 14 de abril de 2016, C.P. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ, Radicado: CE-SUJ215001333301020130013401. Ante la disparidad de criterios a nivel del Consejo de Estado, de los Tribunales y Juzgados administrativos del país, en que en ocasiones se reconocía la prima de servicio a los docentes y en otras no, el órgano de cierre de la jurisdicción administrativa colombiana, analizando el caso de una docente a quien le fue negada la prima por un juzgado administrativo de Tunja, fijó seis reglas claras sobre el tema: 1. La Ley 91 de 1989 no crea ni reconoce en favor de los docentes oficiales la prima de servicios; 2. Los docentes nacionalizados (antes territoriales) que venían devengando la prima de servicios antes de la expedición de la citada ley, la seguirán percibiendo; 3. Los docentes oficiales que no la venían devengando no tiene derecho al referido factor salarial; 4. A los docentes nacionalizados vinculados con posterioridad a la Ley 91 de 1989 se les aplican las normas que rigen a los empleados públicos del orden nacional, excepto el Dcto. 1042 de 1978, por ende no les es aplicable la prima de servicios; 5. Lo mismo ocurre con los docentes nacionales vinculados con posterioridad a dicha normativa; 6. Los docentes oficiales tienen derecho a la prima de servicios a partir del año 2014, al tenor del Dcto. 1545 de 2013, equivalente a 7 días de la remuneración mensual y desde el año 2015 en adelante por valor de 15 días.

               

[8]           C.E. SALA PLENA SECCIÓN SEGUNDA, C.P. GERARDO ARENAS MONSALVE. Bogotá D.C.,  veinticinco (25)  de febrero de dos mil dieciséis (2016), Expediente: 25000234200020130154101, Referencia: 4683-2013, Actor: ROSA ERNESTINA AGUDELO RINCON; AUTORIDADES NACIONALES. En esta providencia el Consejo de Estado confirmó una providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones, en el sentido de reliquidar la pensión de una persona que había laborado para una Universidad, considerando todos los factores devengados al momento de adquirir el status.